Con una fuerte política de tolerancia cero frente a la corrupción y las faltas graves, el gobernador neuquino ya apartó de la administración pública a más de 60 empleados que no cumplían con sus funciones. Su gestión impulsa una limpieza profunda del Estado, consolidada con medidas como la Ley de Fecha Limpia, una de las más estrictas del país, que busca garantizar que quienes representen a los ciudadanos lo hagan con integridad y compromiso real.

Desde diciembre de 2023, la gestión de Rolo Figueroa puso en marcha una política de tolerancia cero frente a la corrupción, las faltas graves y la indisciplina en la función pública neuquina. El gobernador ha hecho del sistema de sanciones un eje central de su administración: en todos los casos, sin distinción de nombre, cargo o antigüedad, las irregularidades son investigadas y sancionadas de forma rigurosa. Este enfoque se complementa con medidas institucionales como la Ley de Fecha Limpia,para garantizar que quienes representen a los neuquinos lo hagan con legitimidad, y la exigencia de declaración jurada de patrimonio en plazos estrictos.

Los resultados de esta política ya son visibles. En mayo pasado, el gobierno rechazó tres pedidos de reincorporación de empleados públicos que habían sido cesanteados por delitos variados, ausencias injustificadas y negligencia administrativa, dejando claro que no hay margen para la impunidad. Asimismo, se destituyó recientemente a un médico del Hospital Dr. Gregorio Álvarez de Chos Malal por abandono de cargo: dejó de presentarse al trabajo entre febrero y julio de 2022, mientras vivía en el extranjero, sin presentar ningún certificado justificativo.

El caso más resonante fue el del suboficial Ariel Jorge Carlos, condenado a ocho años de prisión por abuso sexual agravado contra su hija. Figueroa no solo ordenó su despido, sino también la pérdida de su futura jubilación, un paso inédito que busca marcar un antes y un después en materia de responsabilidad pública. A estos ejemplos se suman decenas de funcionarios y agentes removidos por conductas que van desde corrupción y robo de tarjetas, hasta certificados médicos falsos y enormes faltazos sistemáticos . Con esta purga sostenida, Figueroa busca «reordenar para distribuir», reasignando recursos a quienes cumplen y reinstaurando un Estado transparente, eficiente y libre de privilegios.