Las dos centrales sindicales argentinas, la Central de Trabajadores (CTA) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), reclamaron al Congreso Nacional que rechace los decretos 345 y 346/2025 firmados por el Poder Ejecutivo. Según expresaron en un comunicado conjunto, estas normativas son “inconstitucionales” y representan “un ataque directo a la cultura argentina”, ya que suprimen o alteran once organismos culturales e históricos con reconocimiento legal y autonomía institucional.

Los secretarios generales Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy denunciaron que estas medidas eliminan organismos como la CONABIP —que desde 1870 sostiene bibliotecas populares en todo el país— y afectan la autonomía del Instituto Nacional del Teatro, además de convertir en museos o cerrar institutos históricos como el Sanmartiniano, el Evita, el Yrigoyeneano, entre otros. “Se trata de espacios que preservan la memoria colectiva de nuestra Nación y que fueron creados por leyes votadas democráticamente”, remarcaron.

El comunicado también subraya que las medidas avanzan incluso sobre lo dispuesto en la Ley de Bases 27.742/2024, la cual, en su artículo 3 inciso ‘b’, protege explícitamente a los organismos culturales. Las CTA afirman que los argumentos del Gobierno vinculados al ajuste económico son engañosos, ya que muchos de estos organismos se autofinancian a través de sus propias actividades, amparados por la Ley 27.693/2022, y su peso en el presupuesto estatal es mínimo.

Finalmente, ambas centrales sindicales advirtieron que el verdadero propósito de los decretos es “concentrar poder en el Ejecutivo y borrar décadas de construcción cultural federal y comunitaria”. Por ello, reclamaron al Congreso su inmediato rechazo, sosteniendo que “la cultura no es un gasto, sino un derecho fundamental, una expresión de identidad, memoria y trabajo en todo el territorio argentino”.