Con su veto, el Presidente eliminó el incremento del 7,2% para jubilados y el bono que pasaba de $70.000 a $110.000. Tampoco vuelve la moratoria previsional que permitía jubilarse a quienes no tenían 30 años de aportes. A partir de agosto, los haberes seguirán congelados y sin refuerzos.

Mientras los jubilados sienten el impacto, Milei exhibe que su prioridad es sostener el ajuste y el superávit, sin importar el costo social. Si en septiembre obtiene más poder en el Congreso, este será solo el primer paso hacia un recorte aún más profundo de derechos.

La oposición ya advierte que esta jugada representa un avance significativo para el oficialismo, que busca consolidar una base parlamentaria sólida que le permita imponer su agenda económica sin mayores resistencias. Desde diversos sectores se alertan sobre las consecuencias de este endurecimiento, que afecta a quienes más dependen de las políticas sociales.

Por su parte, el Gobierno sostiene que las medidas son imprescindibles para evitar el desborde fiscal y preservar la estabilidad macroeconómica, pero enfrenta una creciente tensión social que podría complicar sus planes si no logra un consenso amplio. La pulseada legislativa de septiembre será, sin dudas, decisiva para el futuro del país.