El sistema, integrado a CONTRAT.AR, permitirá realizar en línea licitaciones y concursos para la venta o concesión de activos estatales.

El Gobierno nacional presentó una nueva herramienta digital destinada a gestionar las licitaciones y concursos vinculados a las privatizaciones previstas en la Ley Bases. La plataforma, integrada al sistema CONTRAT.AR y desarrollada por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), fue oficializada hoy en el Boletín Oficial con el objetivo de agilizar los procedimientos y garantizar transparencia, competencia y amplia participación.

El portal permitirá realizar de manera completamente online la venta de activos, acciones o cuotas de capital, la transferencia de establecimientos productivos y el otorgamiento de concesiones, licencias y permisos. Los concesionarios ya registrados bajo la Ley 17.520 podrán participar sin necesidad de reinscripción, mientras que nuevos interesados deberán crear un usuario y validar su identidad.

Además, quienes deseen participar deberán presentar documentación estandarizada, como actas y declaraciones juradas, que acrediten su habilitación para contratar con el Estado y el cumplimiento de los requisitos legales. El sistema seguirá las mismas reglas vigentes para otros procesos de CONTRAT.AR, integrando también los procedimientos de licitaciones de obras y servicios públicos establecidos desde 2024.

La Ley Bases habilita la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas y SOFSE (Trenes Argentinos). En el caso de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), el proceso será parcial.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Chaher, prevé completar este semestre los pasos administrativos para concretar privatizaciones y concesiones. Entre las firmas con avances de traspaso al sector privado se encuentran Intercargo, Corredores Viales, AySA y parte de las acciones de Enarsa.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca acelerar la desinversión en empresas estatales y optimizar los procesos licitatorios, incorporando tecnología y estandarización documental que facilite la competencia y reduzca tiempos en la adjudicación.