El presidente vetó por completo la Ley 27.794, que garantizaba el reparto automático de fondos a los distritos. Los gobernadores acusan al gobierno de discrecionalidad.

El gobierno nacional decidió vetar íntegramente la Ley 27.794, que había sido aprobada por el Congreso y establecía la distribución diaria y automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La medida, publicada este jueves en el Decreto 652/2025, desató un fuerte malestar entre los gobernadores, que consideraban la norma una herramienta clave para asegurar previsibilidad en sus finanzas.

La iniciativa buscaba que los ATN dejaran de depender de decisiones discrecionales del Ejecutivo y pasaran a integrarse a la masa coparticipable. También incluía a la Ciudad de Buenos Aires y a Tierra del Fuego en el esquema de reparto. Con el veto, el Gobierno preserva el control político de esos recursos, destinados originalmente a atender desequilibrios financieros y emergencias provinciales.

Desde la Casa Rosada argumentaron que el espíritu del fondo “es asistir en situaciones extraordinarias”, por lo que su automatización desvirtuaría ese objetivo. Sin embargo, en las provincias interpretan la decisión como un nuevo gesto de concentración de poder en manos del presidente, en un contexto de creciente tensión fiscal y política.

Este veto se suma al rechazo de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia del Hospital Garrahan, configurando una seguidilla de choques entre el Ejecutivo y el Congreso. Gobernadores de distinto signo advierten que el esquema actual de distribución “genera desigualdad y dependencia”, y que la decisión presidencial erosiona la confianza en el diálogo federal.

En paralelo, el oficialismo intenta recomponer puentes con la designación de Lisandro Catalán en Interior y con la creación de una Mesa Federal encabezada por Guillermo Francos. No obstante, la intransigencia de Milei frente a normas que considera un riesgo para el equilibrio fiscal amenaza con neutralizar esos gestos políticos y abrir un frente de conflicto aún mayor con las provincias.