Un evento antivacunas realizado en el Congreso desató un fuerte repudio de entidades científicas, profesionales de la salud y sectores políticos, luego de que la diputada del PRO Marilú Quiroz organizara una jornada que promovió teorías sin sustento y cuestionamientos infundados sobre las vacunas contra el COVID-19.

La actividad, titulada “¿Qué contienen realmente las vacunas COVID-19?”, se llevó a cabo en una sala oficial del Palacio Legislativo y contó con expositores vinculados al movimiento negacionista, quienes difundieron información no verificada e incluso realizaron demostraciones pseudocientíficas, como el uso de imanes para sugerir la presencia de metales en las dosis. La realización del encuentro generó malestar interno en Diputados, especialmente porque tuvo aval administrativo para su realización.

Sociedades médicas, universidades y organismos especializados emitieron comunicados expresando su “preocupación y rechazo” al uso de un ámbito institucional para la difusión de contenidos que contradicen la evidencia científica y podrían profundizar la caída en los niveles de vacunación infantil y de adultos. Advirtieron que este tipo de actividades “pone en riesgo la salud pública” en un contexto en el que el país enfrenta un descenso histórico en las tasas de inmunización.

Tras la controversia, Quiroz defendió el encuentro en declaraciones a la prensa. Sostuvo que no se considera antivacunas y que su intención fue “abrir un debate”, aunque afirmó: “No soy responsable de que la gente no se vacune”. También cuestionó la vacunación obligatoria y reivindicó la “libertad individual” como eje de su postura. Sin embargo, evitó responder sobre la falta de evidencia científica sólida presentada en la jornada.

El episodio reavivó el debate sobre la responsabilidad institucional de los legisladores y el impacto que puede tener la desinformación en políticas de salud pública. Mientras las autoridades de la Cámara analizan los mecanismos internos que permitieron la realización del evento, especialistas insistieron en reforzar campañas de vacunación basadas en evidencia para contrarrestar la circulación de contenidos falsos en espacios oficiales.