La decisión del Gobierno de avanzar con la privatización de las cuatro principales represas del Comahue —Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón–Arroyito y Cerros Colorados–Planicie Banderita— reabrió la discusión sobre el rol del Estado en el sistema energético. Aunque la operación asegura ingresos por USD 685 millones, distintos sectores advierten que la venta de activos estratégicos podría generar efectos negativos en tarifas, inversiones y control de la infraestructura eléctrica. Las ofertas económicas se abrieron el viernes y los puntajes más altos los obtuvieron operadores locales.

Para el ministro de Economía, Luis Caputo, la privatización es una pieza clave para reforzar reservas del Banco Central en un fin de año marcado por tensiones externas y compromisos de deuda. El Gobierno presentó el proceso como una señal de “orden fiscal” y un mecanismo para atraer divisas frescas. Sin embargo, sindicatos energéticos, especialistas y parte de la oposición cuestionaron que la política de desprenderse de activos vitales responde más a urgencias financieras que a una planificación de largo plazo.

Las represas, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, aportan una porción fundamental de la generación hidroeléctrica del país y forman parte del corazón del sistema energético nacional. La transferencia al sector privado implica compromisos de operación y mantenimiento que, según críticos, podrían no garantizar la misma estabilidad que un esquema de gestión estatal. Además, existen dudas sobre el futuro de las tarifas: aunque el Gobierno descarta aumentos inmediatos, advierten que la presión sobre costos podría trasladarse a los usuarios.

Empresas del sector energético celebraron la apertura del proceso y aseguraron que permitirá inversiones tecnológicas que el Estado no estaba en condiciones de realizar. Pero para gobernadores patagónicos, especialistas en energía y representantes de trabajadores, la operación abre interrogantes sobre la pérdida de control en un recurso natural estratégico y sobre los mecanismos de supervisión que tendrá el Estado en adelante.

La privatización de las represas del Comahue se convirtió así en un capítulo central de la agenda económica y política del cierre de año. Mientras el Gobierno defiende la medida como un paso necesario para estabilizar las cuentas públicas y atraer inversiones, los cuestionamientos crecen en torno a la sustentabilidad del modelo, la seguridad energética y el riesgo de que la urgencia financiera termine condicionando decisiones estructurales para los próximos años.