La Corte Suprema volvió a poner el foco en la emergencia alimentaria y en el rol del Estado. Este jueves, el máximo tribunal desestimó un recurso del Gobierno nacional y dejó firme un fallo que obliga al Ministerio de Capital Humano a elaborar un plan de distribución de los alimentos destinados a comedores comunitarios. La decisión se tomó en el marco de una causa iniciada por organizaciones sociales, que denunciaron la existencia de grandes stocks sin entregar mientras aumentaba la demanda en los barrios.

El planteo había llegado a la Corte de la mano de Leila Gianni, entonces subsecretaria Legal del ministerio, quien sostenía que la Justicia no podía “decidir políticas públicas” ni intervenir en la forma en que el Ejecutivo organiza sus programas sociales. La estrategia buscaba dejar sin efecto la cautelar que ordenaba informar el stock y presentar un cronograma de reparto. Sin embargo, los jueces consideraron el recurso “inadmisible” y respaldaron la actuación de los tribunales inferiores.

Los alcances del fallo son claros: el Gobierno no pierde la facultad de planificar su política social, pero tiene la obligación de transparentar cómo administra los recursos. Deberá informar qué cantidad de alimentos hay, en qué depósitos se encuentran y cuáles son los criterios para su distribución, además de precisar plazos y destinatarios.

La decisión también deja mal parada a la conducción del Ministerio de Capital Humano, que ya enfrentaba cuestionamientos por recortes en programas y demoras en entregas.