La norma vigente contiene definiciones tan amplias que bloquea proyectos científicos, productivos y de infraestructura en zonas donde no hay glaciares. Provincias, especialistas y equipos técnicos advierten que la ley no protege mejor el ambiente, pero sí impide el desarrollo de regiones que dependen de nuevas inversiones.

El debate por la Ley de Glaciares volvió al centro de la agenda pública, pero esta vez con un dato que incomoda: la norma no solo frena proyectos mineros, sino también investigaciones científicas, obras estratégicas y oportunidades de desarrollo para provincias de alta montaña. El punto crítico es la definición de “ambiente periglaciar”, un concepto tan amplio que incluye laderas sin hielo, zonas áridas y superficies que nunca funcionaron como reservas hídricas. Así, miles de kilómetros quedan automáticamente prohibidos para actividades que nada tienen que ver con la protección de glaciares reales.

Especialistas remarcan que la ley, tal como está redactada, no logra su objetivo central: proteger efectivamente los cuerpos de hielo que sí tienen valor hídrico y ecosistémico. En cambio, bloquea áreas que podrían destinarse a investigación climática, infraestructura provincial o proyectos productivos que generen empleo local. Incluso universidades y organismos científicos advirtieron que en muchas zonas no pueden realizar estudios, instalar sensores o monitorear procesos ambientales porque la definición legal vuelve inviable cualquier intervención.

Las provincias afectadas —entre ellas San Juan, Catamarca, Jujuy y Mendoza— señalan que la falta de precisión normativa deja en suspenso inversiones millonarias que podrían transformar su matriz productiva y generar miles de puestos de trabajo. El resultado es un escenario donde territorios con recursos, demanda global y capital dispuesto a ingresar quedan detenidos por una regulación que no distingue entre un glaciar y una ladera rocosa sin hielo ni función hídrica. En paralelo, países competidores avanzan con marcos modernos que protegen el ambiente sin frenar el desarrollo.

El consenso técnico que empieza a emerger es claro: modernizar la Ley de Glaciares no significa flexibilizar controles, sino hacerlos más efectivos. Proteger lo que debe ser protegido y destrabar aquello que no implica riesgo ambiental real. En un contexto de necesidad de divisas, empleo federal y diversificación productiva, la discusión dejó de ser abstracta. Se trata, básicamente, de definir si Argentina quiere cuidar sus glaciares de forma inteligente o mantener un esquema que detiene a las provincias sin mejorar la protección ambiental.