La iniciativa propone redefinir la protección ambiental, fortalecer el rol de las provincias y terminar con lo que el Ejecutivo califica como “inseguridad jurídica”.

El Gobierno nacional formalizó el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, una norma sancionada en 2010 que, según el diagnóstico oficial, acumuló “falencias” en su aplicación y generó conflictos normativos con las provincias. La iniciativa busca redefinir los criterios de protección ambiental y otorgar mayor protagonismo a las jurisdicciones subnacionales en la evaluación de actividades productivas.

De acuerdo con el comunicado oficial, el objetivo central es “ordenar el marco normativo” y eliminar interpretaciones consideradas arbitrarias que, en los últimos años, derivaron en la paralización de inversiones y en disputas judiciales. El texto propone proteger los glaciares con función hídrica efectiva y fortalecer los estándares ambientales vigentes, en línea con un enfoque de federalismo ambiental.

El proyecto reafirma los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, que establecen la protección del ambiente y el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias. En ese sentido, la iniciativa reconoce la capacidad técnica de las autoridades provinciales para evaluar impactos ambientales y articular con el Inventario Nacional de Glaciares.

Desde el Ejecutivo señalaron que la reforma apunta a compatibilizar la preservación ambiental con el desarrollo económico, especialmente en sectores como la minería. El presidente Javier Milei sostuvo que la actividad minera ofrece “grandes oportunidades” y defendió un esquema que combine reglas claras, protección ambiental y crecimiento productivo.