Los inquilinos pagarán nuevos montos según el índice y la frecuencia de ajuste.

La eliminación de la Ley de Alquileres redefine la actualización de los contratos y anticipa subas desde febrero.

Los aumentos estarán vinculados a la inflación u otros índices establecidos en cada acuerdo entre propietario e inquilino.

Este cambio genera un escenario más flexible, pero también mayor presión sobre los valores que deben afrontar los locatarios.