La Cámara Federal de Casación Penal intervino esta semana para impulsar un trámite más acelerado del juicio oral contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 86 acusados en la causa conocida como los “cuadernos de las coimas”. La resolución, adoptada por los jueces Daniel Petrone, Gustavo Hornos, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, convoca al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 (TOCF 7) para que adopte medidas concretas que permitan avanzar con mayor rapidez, incluyendo un aumento en la frecuencia de audiencias y el pase de la modalidad virtual a audiencias presenciales.

El tribunal superior advirtió que el proceso actual “no responde a la urgencia razonable” que impone la gravedad de los hechos imputados —una asociación ilícita que habría operado durante los gobiernos kirchneristas en la adjudicación de obra pública— y consideró que la modalidad virtual, adoptada inicialmente por falta de sala y por precedentes de pandemia, es un factor que ralentiza la tramitación. Por ello, se instó a que las audiencias se realicen de forma presencial, se elimine la feria judicial en la fase de debate y se convoque a más ruedas de testimonios semanales.

El juicio comenzó el 6 de noviembre de 2025 con la lectura de la acusación y se estima que tendrá una duración prolongada dadas la cantidad de imputados, testigos y piezas probatorias involucradas. La intervención de Casación demuestra la presión institucional para que el proceso no quede trabado en dilaciones procesales y pueda avanzar con celeridad, dada la magnitud política del caso y la demanda social de justicia.

En el fondo, la decisión afecta varios flancos:

• Para la defensa de Cristina Fernández, la aceleración implica menor margen para estrategias dilatorias y mayor exigencia para responder con rapidez al cronograma de audiencias.
• Para la Fiscalía y la Oficina Anticorrupción, representa una señal de que se busca cerrar el caso sin prolongados plazos, manteniendo la atención pública sobre la transparencia del Estado.
• Para el sistema judicial en general, el cambio apunta a reforzar la idea de que los grandes casos de corrupción no pueden quedar eternamente en “jaque” por cuestiones de logística o legalidades formales.

La resolución llega además en un contexto donde la opinión pública observa con atención cómo se procesa la llamada “megacausa” que reúne seis investigaciones separadas sobre pagos de sobornos por parte de empresarios para obtener contratos de obra pública durante los años 2003 a 2015.