La Justicia declaró inválido el decreto del Gobierno que había suspendido la Ley de Emergencia en Discapacidad y ordenó su plena aplicación. El fallo representa un revés para el Ejecutivo y un alivio para organizaciones y familias afectadas.

La normativa garantiza prestaciones y asistencia a personas con discapacidad, un sector que había advertido sobre el impacto social de la suspensión. La decisión judicial sostiene que el decreto vulneraba derechos adquiridos.

Desde el ámbito judicial se remarcó que el Ejecutivo no puede dejar sin efecto una ley vigente sin la intervención del Congreso. El fallo refuerza los límites institucionales frente a decisiones unilaterales.

Organizaciones celebraron la resolución y reclamaron el cumplimiento efectivo de la ley. El Gobierno aún no informó si apelará la medida.