La decisión del Gobierno de dar de baja más de 900 servicios del INTI desató cuestionamientos de distintos sectores vinculados a la industria y la ciencia. La medida fue presentada como parte de una reestructuración orientada a mejorar la eficiencia del organismo.

Funcionarios nacionales explicaron que la iniciativa busca concentrar esfuerzos en áreas prioritarias y dejar de lado prestaciones que no tenían demanda suficiente. También señalaron que el Estado no debe sostener servicios que pueden ser ofrecidos por privados.

En contraste, trabajadores y especialistas advierten que el recorte puede implicar un debilitamiento del rol del INTI en el desarrollo productivo. Sostienen que muchas de las tareas eliminadas eran clave para garantizar calidad, innovación y competitividad en la industria local.