El Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Busca suspender la ley de financiamiento universitario. La medida intenta frenar su aplicación en el corto plazo.

Según el Ejecutivo, la ley tiene problemas de constitucionalidad. Afirma que no prevé las fuentes de financiamiento necesarias. También sostiene que compromete el equilibrio fiscal.

El planteo profundiza el conflicto con el sistema universitario. Docentes y estudiantes advierten sobre recortes. La Corte deberá resolver si habilita la suspensión.